Ver el código de «2013-2014 - Necesarios & Proporcionados. Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones - Access (et al.)»

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== <small>'''Texto'''</small> ==

'''Principios Internacionales de Derechos Humanos sobre Vigilancia de las Comunicaciones'''

'''LOS 13 PRINCIPIOS'''

'''Legalidad'''

Cualquier limitación a los derechos humanos debe ser prescrita por ley.
El Estado no debe adoptar o implementar una medida que interfiera con
los derechos a la privacidad en ausencia de una ley públicamente disponible,
que cumpla con un estandar de claridad y precisión suficientes para
asegurar que las personas la conozcan por adelantado y puedan prever
su aplicación. Dado el ritmo de los cambios tecnológicos, las leyes que
limitan el derecho a la privacidad deben ser objeto de revisión periódica
por medio de un proceso legislativo o reglamentario de carácter participativo.

'''Objetivo Legítimo'''

Las leyes sólo deberían permitir la Vigilancia de las Comunicaciones por
parte de autoridades estatales específicas para alcanzar un objetivo legítimo
que corresponda a un interés jurídico preponderante e importante
y que sea necesario en una sociedad democrática. Cualquier medida no
debe aplicarse de manera que discrimine con base en raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

'''Necesidad'''

Leyes de vigilancia, reglamentos, actividades, poderes o autoridades deben
limitarse a lo que es estricta y evidentemente necesario para alcanzar un
objetivo legítimo. La Vigilancia de las Comunicaciones sólo debe llevarse
a cabo cuando es el único medio para alcanzar un objetivo legítimo, o bien
cuando habiendo varios medios sea el menos propenso a vulnerar los derechos
humanos. La carga de establecer esta justificación, tanto en los procesos
judiciales como en los legislativos, recae en el Estado.

'''Idoneidad'''

Cualquier caso de Vigilancia de las Comunicaciones autorizado mediante
ley debe ser apropiado para cumplir el objetivo legítimo específico
identificado.

'''Proporcionalidad'''

La Vigilancia de las Comunicaciones debería ser considerada como
un acto altamente intrusivo que interfiere con los derechos humanos,
amenazando los cimientos de una sociedad democrática. Las decisiones
sobre la Vigilancia de las Comunicaciones deben considerar la sensibilidad
de la información accesible y la gravedad de la infracción sobre los
derechos humanos y otros intereses en competencia.
Esto requiere que un Estado, como mínimo, debe demostrar lo
siguiente—a una autoridad judicial competente—antes de la realización
de la Vigilancia de las Comunicaciones para los fines de hacer cumplir la
ley, la protección de la seguridad nacional, o la recolección de inteligencia:

1. Existe un alto grado de probabilidad de que un delito grave o una
amenaza específica para un fin legítimo ha sido o será llevado a cabo, y;

2. Existe un alto grado de probabilidad de que las evidencias pertinentes
y materiales de un delito tan grave o amenaza específica para
un fin legítimo se conseguirían mediante el acceso solicitado a la la
Información Protegida, y;

3. Otras técnicas de investigación que son menos invasivas ya han sido
agotadas o serían inútiles, de modo que la técnica usada sería la
menos invasiva en la práctica. Y;

4. La información a la que se accederá estará limitada a lo relevante y
material para el serio crimen o la amenaza especifica al fin legitimo
alegado; y

5. Cualquier información excedente no será retenida, siendo en su
lugar destruida o devuelta con prontitud; y

6. La información será accesada solo por la autoridad especifica y usada
solamente para los propósitos y durante los lapsos para los cuales
se otorgó autorización; y

7. Que las actividades de vigilancia solicitadas y técnicas propuestas no
menoscaben la esencia del derecho a la privacidad o de las libertades
fundamentales.

'''Autoridad Judicial Competente'''

Las decisiones relacionadas con la Vigilancia de las Comunicaciones deben
ser realizadas por una autoridad judicial competente que sea imparcial
e independiente. La autoridad debe:

1. Estar separada e independiente de las autoridades encargadas de la
Vigilancia de las Comunicaciones.

2. Estar capacitada en materias relacionadas y competente para tomar
decisiones judiciales sobre la legalidad de la Vigilancia de las Comunicaciones,
las tecnologías utilizadas y los derechos humanos, y

3. Tener los recursos adecuados en el ejercicio de las funciones que se
le asignen.

'''Debido Proceso'''

El debido proceso exige que los Estados respeten y garanticen los derechos
humanos de las personas asegurando que los procedimientos legales
que rigen cualquier interferencia con los derechos humanos estén
enumerados apropiadamente en la ley, sean practicados consistentemente
y estén disponibles para el público general.
Específicamente, al decidir sobre sus derechos, toda persona tiene derecho
a una audiencia pública y justa dentro de un plazo razonable por
un tribunal independiente, competente e imparcial establecido por ley,10
salvo en casos de emergencia donde exista un riesgo inminente de peligro
para la vida humana. En tales casos, debe buscarse una autorización con
efecto retroactivo dentro de un plazo razonable y factible. El mero riesgo
de fuga o de destrucción de pruebas no se considerará suficiente para
justificar la autorización con efecto retroactivo.

'''Notificación Del Usuario'''

Aquellos cuyas comunicaciones están siendo vigiladas deben ser notificados
de la decisión de autorizar la Vigilancia de Comunicaciones con el
tiempo y la información suficiente para que puedan impugnar la decisión
o buscar otras soluciones y deben tener acceso a los materiales presentados
en apoyo de la solicitud de autorización. El retraso en la notificación
solo se justifica en las siguientes circunstancias:

1. La notificación pondría en serio peligro la finalidad para la que se
autoriza la vigilancia, o existe un riesgo inminente de peligro para la
vida humana; y

2. La autorización para retrasar la notificación es otorgada por la
autoridad judicial competente en el momento en que se concede la
autorización para la vigilancia; y

3. El usuario afectado se notifica tan pronto como el riesgo desaparece
según lo determinado por la autoridad judicial competente.
La obligación de notificar recae en el Estado, pero los proveedores de
servicios de comunicaciones debe tener la libertad de notificar a las personas
de la Vigilancia de las Comunicaciones, de forma voluntaria o bajo
petición.

'''Transparencia'''

Los Estados deben ser transparentes sobre el uso y alcance de las leyes
de Vigilancia de las Comunicaciones, reglamentos, actividades, poderes
o autoridades. Deben publicar, como mínimo, información global sobre
el número de solicitudes aprobadas y rechazadas, un desglose de las solicitudes
por proveedor de servicios, por autoridad investigadora, el tipo
y propósito, y el número específico de personas afectadas por cada una y
según el tipo de investigación y sus propósitos. Los Estados deben proporcionar
a las personas la información suficiente para que puedan comprender
plenamente el alcance, naturaleza y aplicación de las leyes que
permiten la Vigilancia de las Comunicaciones. Los Estados no deberían
interferir con los proveedores de servicios en sus esfuerzos para publicar
los procedimientos que aplican en la evaluación y el cumplimiento de
solicitudes de los Estados para la Vigilancia de Comunicaciones, se adhieran
a esos procedimientos, y publicar los registros de las solicitudes de
los Estados para la Vigilancia de las Comunicaciones.

'''Supervisión Pública'''

Los estados deberían establecer mecanismos independientes de supervisión
para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la
Vigilancia de las Comunicaciones.11
Los mecanismos de supervisión deben tener la autoridad para acceder a
toda la información potencialmente relevante acerca de las actuaciones
del Estado, incluyendo, según proceda, al acceso a información secreta
o clasificada para valorar si el Estado está haciendo un uso legítimo de
sus funciones legales, para evaluar si el Estado ha publicado de forma
transparente y precisa información sobre el uso y alcance de las técnicas
y poderes de la Vigilancia de las Comunicaciones; y para formular
determinaciones públicas en cuanto a la legalidad de dichas acciones,
incluyendo la medida en que cumplan con estos principios. Mecanismos
de supervisión independientes deben establecerse, además de cualquier
supervisión ya proporcionada a través de otra rama del gobierno.

'''Integridad De Las Comunicaciones Y Sistemas'''

A fin de garantizar la integridad, seguridad y privacidad de los sistemas
de comunicaciones, y en reconocimiento del hecho de que poner en peligro
la seguridad con fines estatales casi siempre afecta la seguridad en
términos generales, los Estados no deben obligar a los proveedores de
servicios o proveedores de “hardware” o “software” a desarrollar la capacidad
de vigilancia o de control en sus sistemas, ni a recoger o retener
determinada información exclusivamente para fines de Vigilancia de las
Comunicaciones del Estado. La retención o la recopilación de datos a
priori nunca debe ser exigida a los proveedores de servicios. Las personas
tienen el derecho a expresarse anónimamente, por lo que los Estados
deben abstenerse de obligar a la identificación de los usuarios.12

'''Garantías Para La Cooperación Internacional'''

En respuesta a los cambios en los flujos de información y en las tecnologías
y servicios de comunicaciones, los Estados pueden necesitar
procurar la asistencia de un proveedor de servicios extranjero y otros
Estados. En consecuencia, los tratados de asistencia judicial recíproca
(MLAT, por sus siglas en inglés) y otros acuerdos celebrados por los
Estados deben garantizar que, cuando la legislación de más de un Estado
pueda aplicarse a la Vigilancia de las Comunicaciones, se adopte la
estandar disponible con el mayor nivel de protección para las personas.
El principio de la doble incriminación debe ser aplicado en el momento
en que los Estados procuren asistencia para efectos de hacer cumplir
su legislación interna.Los Estados no pueden utilizar los procesos de
asistencia judicial recíproca y las solicitudes extranjeras de Información
Protegida para burlar las restricciones del derecho interno relativas a la
Vigilancia de las Comunicaciones. Los procesos de asistencia judicial
recíproca y otros acuerdos deben estar claramente documentados, a disposición
del público y sujetos a las garantías de equidad procesal.

'''Garantías Contra El Acceso Ilegítimo Y Derecho A Recurso Efectivo'''

Los Estados deben promulgar leyes que penalicen la Vigilancia de las
Comunicaciones ilegal por parte de actores públicos o privados. La ley
debe proveer sanciones penales y civiles suficientes y adecuadas, protección
a los “whistle blowers” y medios de reparación a las personas afectadas.
Las leyes deben estipular que cualquier información obtenida de
una manera que sea inconsistente con estos principios es inadmisible
como prueba en cualquier procedimiento, al igual que cualquier prueba
derivada de dicha información. Los Estados también deben promulgar
leyes que establezcan que, después de que el material obtenido a través
de la Vigilancia de las Comunicaciones ha sido utilizado con la finalidad
por el que fue obtenida la información, el material no debe ser retenido,
en su lugar, debe ser destruido o devuelto a los afectados.

* El proceso de elaboración de estos Principios se inició en octubre de 2012 en una
reunión de más de 40 expertos de seguridad y privacidad en Bruselas. Después de una
amplia consulta inicial, que incluyó una segunda reunión en Río de Janeiro en Diciembre
de 2012, Access, EFFy Privacy International condujeron un proceso de redacción
colaborativa inspirada en la pericia sobre derechos humanos y derechos digitales de
expertos de todo el mundo. La primera versión de los Principios se finalizó el 10 de
julio de 2013, y fue lanzada oficialmente en el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU en Ginebra en Septiembre de 2013. El éxito rotundo y la adopción global de los
Principios por más de 400 organizaciones en todo el mundo hizo necesario un serie
de cambios concretos en el lenguaje del texto, fundamentalmente superficiales a fin
de asegurar su interpretación uniforme y la aplicación en todas las jurisdicciones. De
marzo a mayo de 2013, otra consulta se llevó a cabo para determinar y corregir esos
problemas textuales y actualización de los Principios en consecuencia.El efecto y la
intención de los Principios no se alteró por estos cambios.Esta versión es el producto
final de estos procesos y es la versión autorizada de los Principios.

'''NOTAS AL FIN'''

1. Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 12, Convención Internacional sobre
la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,
Artículo 14, Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Artículo 16,
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 17; convenciones regionales incluido
Artículo 10 Del Capítulo Africano Carta sobre los Derechos y el Bienestar del Niño,
Artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 4 de los principios
de la Unión Africana sobre la Libertad de Expresión, Artículo 5 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Artículo 21 de la Declaración Derechos
Humanos de la ASEAN, Artículo 21 de la Carta Árabe de Derechos Humanos, y Artículo 8
del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales;
Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, Expresión y Acceso a
la Información, Principios de Camden para la Libertad de Expresión y la Igualdad Libre.

2. Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 29; Comentarios Generales No. 27,
Adoptado por el Comité de Derechos Humanos bajo el Artículo 40, Parágrafo 4 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, Noviembre 2,
1999; Ver también Martin Scheinin, “Report of the Special Rapporteur on the promotion
and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism,”
2009, A/HRC/17/34, Ver también Frank La Rue; “Informe del Relator Especial del Consejo
de Derechos Humanos sobre las implicaciones de la Vigilancia de las Comunicaciones de
los Estados en el ejercicio de los derechos humanos a la intimidad y a la libertad de opinión y
de expresión”, 2013, A.HRC. 23.40 ES.

3. Los metadatos de las comunicaciones pueden incluir información acerca de nuestras identidades
(información del abonado, información del dispositivo), las interacciones (origen y destino
de las comunicaciones, especialmente las que muestran los sitios web visitados, los libros
y otros materiales de lectura, las personas interactuaron con los amigos, familia, conocidos,
búsquedas realizadas, los recursos utilizados) y ubicación (lugares y tiempos, proximidades
a otros), en suma, los metadatos proporciona una ventana a casi todas las acciones en la vida
moderna, nuestros estados mentales, los intereses, las intenciones y los pensamientos más
íntimos.

4. Por ejemplo, solamente en el Reino Unido existe aproximadamente 500.000 solicitudes de
acceso a los metadatos de las comunicaciones todos los años, actualmente bajo un régimen
de auto-autorización, los servicios policiales puedan autorizar la solicitud de acceso a la información
en poder de los proveedores de servicios. Mientras tanto, los datos proporcionados
por los informes de transparencia de Google muestran que las solicitudes de datos de
los usuarios de los EE.UU.aumentaron solamente de 8.888 en 2010 a 12.271 en 2011. En
Corea, cada año había alrededor de 6 millones de solicitudes de abonados de información y
alrededor de 30 millones de solicitudes de otras formas de metadatos de comunicaciones en
el período 2011-2012, casi de todo lo cual se entregó y se ejecuta. Los datos del año 2012 están
disponibles en http://www.kcc.go.kr/user.do?mode=view&page=A02060400&dc=
K02060400&boardId=1030&cp=1&boardSeq=35586

5. Ver la revisión del trabajo de Sandy Petland, ‘Reality Mining’, en MIT’s Technology Review,
2008, disponible en http://www2.technologyreview.com/article/409598/tr10-
reality-mining/ y ver también Alberto Escudero-Pascual y Gus Hosein, ‘Questioning
lawful access to traffic data’, Communications of the ACM, Vólumen 47 Issue 3, Marzo
2004, páginas 77 - 82.

6. Reporte del Relator de Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección de la Libertad de
Opinión y Expresión, Frank La Rue, 16 de Mayo 2011, disponible en http://www2.ohchr.
org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/a.hrc.17.27_en.pdf

7. “Las personas revelan los números de teléfono que marcan para llamar o enviar mensajes
de texto a sus proveedores de celulares, las direcciones URL que visitan y las direcciones de
correo electrónico con las que se comunican a sus proveedores de servicios de Internet y los
libros, alimentos y medicamentos que compran a los minoristas en línea. . . No imagino que
toda la información voluntariamente revelada a algún miembro del público para un propósito
limitado carece, por esa única razón, de la protección de la Cuarta Enmienda. “Los Estados
Unidos contra Jones, 565 EE.UU. ___, 132 S. Ct. 945, 957 (2012) (Sotomayor, J., concurrente).”

8. “El seguimiento a corto plazo de los movimientos de una persona en la vía pública concuerda
con las expectativas de privacidad”, pero “el uso del monitoreo de GPS a largo plazo en las
investigaciones de la mayoría de los delitos afecta a las expectativas de la vida privada.” Los Estados
Unidos contra Jones, 565 EE.UU., 132 S. Ct. 945, 964 (2012) (Alito, J. concurrente).

9. ”La vigilancia prolongada revela tipos de información no reveladas por la vigilancia a corto
plazo, como que hace una persona repetidamente, lo que no hace, y lo que hace en conjunto.
Este tipo de información puede revelar más sobre una persona que lo que revelaría cualquier
viaje individual considerado aisladamente. Visitas repetidas a una iglesia, un gimnasio, un bar,
o un corredor de apuestas cuentan una historia no revelada en una sola visita, al igual que una
ausencia a cualquiera de estos lugares a lo largo de un mes. La secuencia de los movimientos
de una persona puede revelar aún más; un solo viaje a la oficina de un ginecólogo dice poco
acerca de una mujer, pero ese viaje seguido, unas semanas después, de una visita a una tienda
de artículos para bebé cuenta una historia diferente. * Una persona que sabe todo de los viajes
de otros puede deducir si es un visitante semanal a la iglesia, un bebedor recurrente, un habitual
en el gimnasio, un marido infiel, un paciente ambulatorio que recibe tratamiento médico,
un asociado de individuos o grupos políticos particulares ..y no sólo un hecho determinado
acerca de una persona, si no todos esos hechos “EE.UU. v Maynard, 615 F. 3d 544 (. EE.UU.,
DC Circ, CA) p 562; EE.UU. v Jones, 565 EE.UU. __, (2012 ), Alito, J., concurriendo. Por
otra parte, la información pública puede entrar en el ámbito de la vida privada cuando se
recoge y se almacena en archivos en poder de las autoridades de manera sistemática. Todo
esto es aún más cierto cuando esa información se refiere al pasado lejano de una persona ... En
opinión de la Corte, tal información, cuando se recoge de manera sistemática y se almacena
en un archivo en poder de agentes del Estado , está comprendida en el ámbito de la «vida
privada» en el sentido del artículo 8 (1) de la Convención “. (Rotaru contra Rumania, [2000]
CEDH 28341/95, párrs. 43-44.

10. El término “debido proceso” puede utilizarse de manera intercambiable con “justicia procesal”
y “justicia natural” y está bien articulado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos del
artículo 6(1) y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

11. El Comisionado de Interceptación de Comunicaciones del Reino Unido es un ejemplo de un
mecanismo de supervisión independiente de ese tipo. El ICO publica un informe que incluye
algunos datos agregados pero no proporciona datos suficientes para examinar los tipos de solicitudes,
la extensión de cada petición de acceso, el propósito de las solicitudes, y el escrutinio
que se aplica a ellos. Ver http://www.iocco-uk.info/sections.asp?sectionID=2&type=top

12. Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la protección y promoción del derecho
a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, 16 Mayo 2011, A/HRC/17/27, para
84.

== <small>'''Archivo'''</small> ==
[[Archivo:Spanish principles 2014.pdf|miniaturadeimagen]]

== <small>'''Enlaces'''</small> ==

'''URL:''' https://necessaryandproportionate.org/es/principios-internacionales-sobre-la-aplicaci%C3%B3n-de-los-derechos-humanos-la-vigilancia-de-las-0 (2013), https://necessaryandproportionate.org/es/necesarios-proporcionados (2014), https://necessaryandproportionate.org/files/2016/03/04/spanish_principles_2014.pdf

'''Wayback Machine:''' http://web.archive.org/web/20160816015109/https://necessaryandproportionate.org/es/principios-internacionales-sobre-la-aplicaci%C3%B3n-de-los-derechos-humanos-la-vigilancia-de-las-0 (2013), http://web.archive.org/web/20160816015211/https://necessaryandproportionate.org/es/necesarios-proporcionados (2014), https://web.archive.org/web/20170430232442/https://necessaryandproportionate.org/files/2016/03/04/spanish_principles_2014.pdf


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